La Ley de Igualdad LGTBI que se ha presentado en el Congreso por parte de Unidos Podemos y, previsiblemente, será debatida este mes de septiembre, contiene amenazas para la libertad y quiere censurar las opiniones por motivos ideológicos, denuncia la entidad internacional ADF.
Esta organización cristiana defiende valores y principios fundamentales ligados a la vida, matrimonio y familia, así como la libertad religiosa, tiene su sede en Viena y presencia en Ginebra y Bruselas, donde trabaja en plataformas de defensa de estos derechos tanto en el Parlamento Europeo como en la ONU.
El representante de ADF International en Ginebra, Rubén Navarro, explica en un correo a Protestante Digital que desde ADF han examinado con su equipo internacional de abogados la Proposición de ley de Igualdad LGTBI presentada por Podemos y su grupo parlamentario confederal en abril, que probablemente será debatida este mes de septiembre en el Congreso.
“Hemos llegado a la conclusión que de todas las leyes de igualdad de la Unión Europea, ésta es la más perjudicial y dañina que hemos visto hasta ahora”, expresa Rubén Navarro.
CENSURA Y PERSECUCIÓN
En el memorándum realizado por ADF, se detallan los puntos que consideran más conflictivos de la norma propuesta. En primer lugar “la subjetividad de los delitos: la utilización de términos como: “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente”, “la identidad sentida” o similares aumenta la subjetividad y va contra la seguridad jurídica (Arts. 3 (1) b, 3(1) h, 31 (2))”.
Preocupa asimismo la “inversión de la carga de la prueba (Art. 74)” y la “censura de opiniones y expresiones consideradas degradantes u ofensivas hacia la comunidad LGBT (Art 65.3 "Se velará para que los contenidos emitidos y la publicidad sean respetuosos con las personas LGTBI”, art. 65.4 “Se velará para que los medios de comunicación incluyan en su programación, para todas las franjas de edad, la diversidad de orientación sexual, identidad y expresión de género, incluyendo la diversidad familiar LGTBI”.)”.
Desde ADF denuncian que la ley permitirá la persecución ideológica. “El art 94 hace que sea un delito no facilitar el trabajo o colaborar ofreciendo información. Esta situación crea un clima de recelo y desconfianza; todo el mundo puede denunciar a todos por supuesto “discurso del odio” lo que conllevará una presión indebida para “denunciar” incluso a amigos y familiares por conversaciones privadas”.
Además preocupa la “abolición de la patria potestad (el Art 20 bis legisla para que adolescentes, menores de edad, pueden acceder a la reasignación sexual quirúrgica, bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado). Los derechos de los padres no son mencionados en ninguna parte de la ley”.
En general, desde la entidad de defensa de la libertad religiosa consideran que “la forma en que los delitos se establecen desencadenará una litigación estratégica encaminada a la disolución y quiebra de las organizaciones cristianas y las instituciones basadas en la defensa de ciertos valores y principios; se expulsarán del espacio público opiniones consideradas impopulares o poco ortodoxas. Para las organizaciones pro-familia resultará prácticamente imposible organizar jornadas de formación, conferencias o actividades públicas sin incurrir en delitos”.
