GUATEMALA. – Los grupos conservadores que impulsan la iniciativa aseguran que el país está siendo arrastrado por corrientes internacionales que introducen temas como “la ideología de género”. “De lo que se trata es de proteger a la familia”, dijo el diputado Aníbal Rojas sobre el tema
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, diputados guatemaltecos encendieron una hoguera de críticas al reactivar un proyecto de ley que busca endurecer el castigo para el aborto y poner un cerrojo legal al matrimonio entre personas del mismo sexo.
La polémica iniciativa, titulada Ley para la Protección de la Vida y la Familia, mantiene un pulso en el Congreso entre grupos conservadores y defensores de derechos humanos en plena campaña electoral para los comicios generales del 16 de junio.
“Guatemala está siendo arrastrada por corrientes internacionales, especialmente tendencias que llegan a introducir a nuestros países temas como la ideología de género y entonces básicamente la ley lo que trata es de proteger a la familia de este tipo de corrientes”, dijo a la AFP el diputado Aníbal Rojas, el principal impulsor del proyecto.
El miércoles, cientos de personas se manifestaron contra la iniciativa legislativa
Rojas, del partido derechista Visión con Valores (VIVA), aseguró que tales “ideologías que vienen del extranjero” pretenden “degradar” a la sociedad introduciendo “temas como el aborto y el matrimonio homosexual”.
El proyecto fue presentado en 2017 y ha superado dos votaciones en el plenario legislativo, la última en agosto pasado. Reapareció en agenda la semana pasada para su discusión en tercer debate, por petición de grupos religiosos.
Organizaciones opuestas a la iniciativa convocaron una protesta para este miércoles.
Su aprobación requiere de al menos la mitad más uno de los 158 congresistas y Rojas asegura que cuenta con el respaldo de 80%, “tal vez un poco más”, de los parlamentarios.
En busca de votos
El aborto en Guatemala es castigado con multas y cárcel y solo está autorizado si la vida de la madre está en peligro. En la actualidad, por ejemplo, la pena para el aborto provocado es de 1 a 3 años de prisión, que pueden evitarse con el pago de una fianza.
Para Rojas las actuales penas son muy “blandas”, por lo que propone cárcel de 5 a 10 años para el aborto inducido.
El proyecto prendió la alarma entre organizaciones sociales y diputados opositores.
Preocupa “primero la ampliación de las penas en contra de la mujer, lo segundo es que incluso califican de delito el aborto natural y esto implicaría que los médicos en su conjunto se conviertan en policías”, señaló a la AFP la diputada Sandra Morán, de la izquierdista bancada DIGNA.
Morán consideró que Rojas y el resto de diputados que le apoyan buscan “ganar votos de la Iglesia evangélica y también de la Iglesia católica”, que abarcan 45% y 42% de los 17 millones de guatemaltecos, respectivamente, según encuestas privadas.
Unos 10 partidos han incluido “la protección a la familia” en su discurso de campaña, agregó la congresista.
Pero Rojas, quien niega que su proyecto tenga fines electorales, insistió en que su determinación es proteger a los “bebés que no tienen voz” y “proteger el núcleo de la familia”, en el caso de vedar el matrimonio igualitario.