Sólo en 2020, los cristianos iraníes pagaron casi 1,2 millones de dólares de fianza y fueron condenados a un total de 1.760 meses de prisión por su fe, según este informe.
Con crisis por Covid-19 o sin ella, los cristianos en el 2020 siguieron siendo el objetivo por su fe, en particular los conversos del islam, según un informe anual publicado esta semana por Puertas Abiertas en colaboración con las organizaciones de libertad religiosa CSW, Middle East Concern y Article 18.
Las minorías cristianas fueron acosados de diversas formas incluyendo redadas, interrogatorios, presiones para que se retractaran o dejaran de reunirse con otros cristianos, cierre de iglesias, vigilancia, sentencias duras, exigencia de fianzas muy elevadas para quienes esperaban el resultado de procedimientos judiciales, y discriminación en empleo y educación. La presión ha provocado la huida del país de muchos iraníes.
Al menos 115 cristianos iraníes fueron detenidos por sus actividades religiosas o su identidad cristiana, aunque los registros públicos detallan sólo 52 detenciones, según el informe.
Una pareja, Sam Khosravi y Maryam Falahi, fue amenazada con perder la custodia de su hija adoptiva de 2 años, Lydia, poco después de ser condenados por un tribunal por "promover el cristianismo", basándose en la literatura cristiana y otros artículos encontrados en sus casas.
Sam, junto con su hermano Sasan Khosravi, Habib Heydari y un cuarto converso, Pooriya Peyma, fueron declarados culpables en julio de 2020 de "hacer propaganda contra la República Islámica mediante la promoción del cristianismo". Todos, excepto Pooriya, apelaron la decisión del tribunal, pero la semana pasada se les comunicó que sus sentencias habían sido confirmadas.
Esto significa que los tres hombres pasarán un año en prisión, mientras que Pooriya pasará 91 días entre rejas. Las esposas de Sasan y Sam Khosravi, y de Pooriya Peyma, fueron multadas por separado por el tribunal.
Los hermanos Khosravi han sido condenados a dos años más de exilio tras su condena, y se les prohíbe trabajar en su campo, que es el sector de la hostelería.
A Maryam Falahi, esposa de Sam, también le dijeron que ya no puede trabajar en ninguna institución nacional, incluido el hospital local donde había trabajado durante las dos últimas décadas.
La pareja sigue luchando por conservar la custodia de su hija, Lydia, después de que en julio del año pasado les dijeran que "no eran aptos" para ser padres de una niña que la ley considera musulmana.
"Estas personas no han hecho nada que pueda interpretarse como 'propaganda contra el estado' o 'actuación contra la seguridad nacional', sin embargo, han sido tratadas muy injustamente", declaró Mansour Borji, Director de Incidencia Política de Article18, tras su condena en junio. "La comunidad internacional debe pedir cuentas a Irán por este error judicial, y por muchos otros similares".
