Desde el año 2018, la justicia civil y canónica investigaba la denuncia de la supuesta existencia de un grupo de sacerdotes involucrados en conductas sexuales impropias y eventuales abusos contra jóvenes menores de edad, según una publicación de un canal de televisión local en Chile.
El mes pasado la Fiscalía Metropolitana Norte decidió “no perseverar” en la investigación contra los dos últimos sacerdotes vinculados, según una publicación de ACI Prensa, en el caso bautizado como La Confradía.
El especialista en derecho de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública de O’Higgins, Cristián Miranda, manifestó ante medios de comunicación radiales que luego de “una larga investigación” no se estableció “que existía una organización criminal de carácter jerarquizada, destinada a cometer delitos de connotación sexual” por lo que este caso se cerrará el caso el próximo de diciembre.
En este caso, según denuncia, estarían involucrados 14 sacerdotes que finalmente no serán imputados ante la justicia civil. Desde que comenzó la investigación, un sacerdote falleció, siete fueron restituidos, tres dejaron el ministerio sacerdotal y en tres casos aún no concluyen las investigaciones canónicas previas.
Por su parte, el obispo Emérito de Rancagua (Chile), Mons. Alejandro Goic, se pronunció afirmando que “decisión de la fiscalía ayuda en el propósito de verdad y justicia. Ya en septiembre del año pasado la Defensoría Penal Pública llegó a la convicción de que esta llamada Cofradía no existía como la supuesta asociación ilícita que se presentó, con gran difusión”.
No obstante, reconoce que este tipo de denuncias contribuyen al esclarecimiento de conductas atípicas y graves conforme al trabajo de la comunidad sacerdotal.
“(…) a partir de esta denuncia se gatilló el esclarecimiento de algunas situaciones graves que, conforme al Derecho Canónico, son incompatibles con el ejercicio del sacerdocio”, aseguró Mons. Goic.
“Lo importante es que la ciudadanía pueda conocer que aquello que se presentó como ‘Cofradía’, como una red de pederastia, no era tal, y que no pudo comprobarse delito civil alguno en los catorce sacerdotes acusados”, detalló en sus declaraciones.
Agregó que le “faltó diligencia cuando recibí los primeros relatos sobre sacerdotes que, como posteriormente se estableció por parte de la Iglesia, no llevaban una vida congruente con lo que se espera de un ministro del Señor”.
El Obispo emérito, aseguró que es “la justicia canónica la que determina las faltas y delitos en materia canónica” y es el Administrador Apostólico actual, Mons. Fernando Ramos, el encargado de esta materia.
