Durante la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo, Francia, el Parlamento Europeo, expresó su preocupación por la existencia de los famosos “Centros de formación profesional” fundados por régimen chino.
Los diputados europeos manifestaron «grave preocupación por la represión de los uigures llevada a cabo por el Gobierno chino».
Le exigen «al Gobierno chino que cierre los ‘campamentos de reeducación’ de Sinkiang de forma inmediata» y que «libere incondicionalmente a todas las personas detenidas».
La versión oficial del Partido Comunista Chino (PCCH) es que dichos centros de Sinkiang, funcionan como campamentos de transformación por medio de educación. Testimonios, indican que en estos lugares las víctimas son encarceladas y adoctrinadas con el objetivo de “cambiarles” la vida, identidad, creencias y convertirlos al comunismo.
Bitter Winter, informa de documentación filtrada, materiales, testimonios, fotos y vídeos. En los cuales se demuestran que quienes ahí se encuentran confinados son alrededor de tres millones de personas. Estas personas las señalan depracticar el islam y de pertenecer a un grupo étnico diferente. De hecho, son uigures y tienen su propio lenguaje, cultura y tradición.
Ahí hay también miles de ciudadanos túrquicos, musulmanes muchos de ellos quienes comparten el mismo destino. En estos campamentos también mantienen confinados a miembros de otras minorías religiosas, tales como la Iglesia de Dios Todopoderoso.
La enérgica condena está dirigida al «sistema de vigilancia predictiva» de China. Asimismo, a «la práctica de detenciones arbitrarias sin cargos, juicios o condenas por delitos penales». Así como también a «la tortura, las atroces restricciones a la práctica religiosa y la amplia vigilancia digitalizada».
Los eurodiputados les “solicitan a las autoridades chinas que permitan que periodistas independientes y observadores internacionales. Para que ellos accedan libremente a la provincia de Sinkiang para poder examinar la situación in situ».
Aprovecharon para solicitar «al Consejo [Europeo] que congele los activos y adopte sanciones selectivas, si lo considera apropiado y efectivo, contra los funcionarios chinos responsables de la severa represión de los derechos básicos en Sinkiang».
